Con el objetivo de debatir y cambiar impresiones sobre cuáles deben ser los cauces por los que han de discurrir la colaboración público-privada, analizar cómo surge y prever hacia donde se dirige, se reunieron en LAS PROVINCIAS siete expertos en el tema, cada uno de ellos situado en un diferente sector, para dar una visión lo más completa posible del estado de la cuestión.
Se sentaron en torno a la mesa de desayuno: José María Toro, presidente de la Comisión Colaboración público-privada de la CEV; José Claramonte, director general de FACSA; Blanca Marín, secretaria autonómica de Economía Sostenible y Sectores Productivos de la Generalitat Valenciana; Javier Mateo, subdirector de Emprendimiento en Valencia Activa – Área de Desarrollo Económico Sostenible del Ayuntamiento de Valencia; Ángel Garrigós, director de la Unidad de Desarrollo Profesional de ESIC; Cristina Alemany, directora general de Afín SGR; y Pedro Rodríguez, director de I+D de Intenanomat SL.
La periodista Carmen Bort, moderadora de la mesa, introdujo el tema recordando que en la Comunitat Valenciana hay empresas que apuestan por la colaboración público-privada porque saben que es posible beneficiar a la sociedad mediante el liderazgo, la fiscalización y el control por parte de las instituciones. Y lanzó la pregunta de si es posible conseguir una colaboración público-privada transparente y ágil que llegue donde las instituciones no puedan hacerlo.
José María Toro aseguró que dicha colaboración es un elemento fundamental y básico para el estado del bienestar. Consideró que ha llegado en muchos casos cuando ya no había más remedio «pero debemos ir hacia unas alianzas más estratégicas». Para Toro las empresas deben dar respuesta a todos los grupo de interés y deben dar un valor público a su actividad, «porque las empresas tenemos una función social», puntualizó. Añadió Toro que los gobiernos deben tener la certeza de que esa colaboración ha de ser positiva, ya que se trata de un modelo que no se cuestiona en Europa y que precisa de un gobierno que colabore.
En opinión de la secretaria autonómica Blanca Marín, esta colaboración es una técnica para la provisión de bienes y servicios. «Ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cada vez hay más concesiones y contrataciones pero se han producido buenos y malos casos en los últimos tiempos».
Marín consideró que los casos malos han causado un importante desprestigio mientras que los buenos no han tenido el suficiente reconocimiento. «Se debe avanzar hacia sistemas que sean eficientes para ambas partes, evitando dogmatismos y analizando cada uno de los casos evaluando el beneficio que supone para el ciudadano», afirmó.
Javier Mateo señaló que desde el Ayuntamiento de Valencia dicha colaboración público-privada supone el día a día de su departamento, porque siempre cuentan con la visión que le dan las empresas privadas en el tema del emprendimiento; así están creando con ellas «codo con codo, un ecosistema porque sin el apoyo privado no habría una colaboración estratégica como la que existe actualmente», afirmó.
Cristina Alemany, de Afín SGR, reconoció que estas alianzas se han favorecido en los últimos años pero que aún queda mucho por hacer. «Nuestra empresa ya es de por sí público-privada y nuestro papel es favorecer el acceso a la financiación de aquellas pequeñas empresas valencianas que tienen difícil la concesión de líneas de crédito».
Pedro Rodríguez, de Intenanomat, afirmó que él representaba a las micropymes valencianas por tamaño, pues tan sólo cuenta con cuatro trabajadores. Pero desde la creación de su sociedad ha tenido relación con la Universitat de València con la que existe una gran sinergia. «La Universitat tiene el retorno de las contrataciones y el pago de los servicios», dijo.
Ángel Garrigós, de ESIC, afirmó que en el sector educativo siempre ha habido una colaboración con la Administración que, en su opinión, ha mermado en los últimos años. Para Garrigós hay puntos a favor y en contra puesto que si bien ahora las prácticas en las empresas tienen un pequeño gravamen, también existe una ayuda por parte de la Generalitat Valenciana.
José Claramonte, de FACSA, apuntó que su empresa nace de esa colaboración publico-privada por la gestión del agua, apoyándose en la Administración como prestador de servicios públicos. En su opinión hace falta tener dos sectores potentes y «debemos ir hacia un modelo de regulación de este tipo de colaboraciones, algo que en España nos cuesta mucho conseguir». «Tenemos que clarificar el modelo para que podamos aprovechar las sinergias de los dos sectores y dar un mejor servicio a la sociedad», añadió.
En este punto, Blanca Marín puso como ejemplo reciente la Ley de Polígonos Industriales, donde debido a la dificultad de la Administración para llegar hasta esas zonas se había producido un deterioro y para solucionarlo se ha constituido una entidad encargada de la mejora y el desarrollo de esas áreas industriales. «Es una iniciativa pionera en España que hace que avancemos en la mejora de los bienes públicos», afirmó.
En el Ayuntamiento de Valencia se ha ido diseñando una estrategia a nivel de ciudad uniendo al sector público con el privado en cuanto a talento tecnológico, según Javier Mateo. «Nuestro objetivo es ser una potencia en este campo dentro de 10 o 15 años; también queremos ser capaces de crear empleo de calidad capaz de atraer el talento valenciano que ahora está en el exterior».
José María Toro consideró que la colaboración funciona mejor en unos sectores que en otros, como es el caso del tratamiento de aguas o de la asistencia social. «En nuestras residencias para mayores los médicos pueden recetar medicamentos de la seguridad social, lo que supone un avance para todos. Los riesgo para la Administración se dan a la hora de seleccionar bien a los proveedores, que deben ser aquellos capaces de generar valor. Por otra parte, la Administración tiene tendencia a exigir mucho y a pagar poco. Hay que analizar caso por caso evitando prejuicios». Toro se mostró partidario de crear un observatorio de colaboración para contar con datos objetivos y poder tomar decisiones con criterio. «Hay que separar en estos temas la política de la gestión», añadió.
Para Garrigós «estamos obligados a colaborar pero debemos ir en la misma dirección y con la misma velocidad». En este sentido se refirió a que ESIC tiene pendiente de aprobar una nueva titulación pionera en la rama tecnológica «y nos está costando sacarla adelante por culpa de la lentitud de la Administración».
La secretaria autonómica de Economía Sostenible subrayó que las empresas públicas deben adaptarse a los cambios y buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y para evitar riesgos, señaló que lo primero que se debe hacer es una evaluación técnica del problema, lo segundo establecer una correcta planificación, lo tercero elegir la mejor opción del mercado, y lo cuarto realizar un seguimiento para facilitar el desarrollo.
La directora general de Afín SGR, Cristina Alemany, insistió en que la financiación que ofrece su entidad introduce herramientas adecuadas para el pequeño empresario «y es importante que sepa que con nuestro aval puede conseguir unas mejores condiciones financieras. Tenemos que analizar los riesgos del proyecto pero tenemos la capacidad de financiarlo». «La SGR, siendo una entidad privada, también es un instrumento de la política crediticia de la Generalitat», afirmó Alemany.
El director general de FACSA señaló que su empresa se basa en la innovación y participan en este objetivo tanto la universidad como la empresa privada «y estamos muy orgullosos de cómo estamos funcionando». «Colaboramos con la Universitat Jaume I de Castellón y traemos a expertos de todo el mundo y ofrecemos conocimiento». Por contra, reconoció que en esta línea de colaboración hay retrasos cuando se trata de patentar algún producto nuevo «porque la Administración es muy conservadora a la hora de poner en el mercado innovaciones y debería haber un huecos para facilitar esa transición».
José María Toro apuntó que hay que dar confianza a la Administración pero ésta debe también confiar en la empresa. «No se puede regular desde la desconfianza». En este punto Mateo dijo que a la opinión pública sólo llegan los casos de mala gestión, por lo que la creación de un observatorio que ofreciera una visión global sería importante. «Debemos impulsar los elementos que supongan un beneficio para el ciudadano. Esta relación se puede facilitar si hay un feedback y más en nuestro caso que necesitamos mucha agilidad y tenemos que ir muy rápido».
En el aspecto de la confianza entre ambos sectores, Pedro Rodríguez señaló que se mejoraría si hubiera una mayor proximidad entre ambos. «Nosotros hemos conseguido un proyecto europeo y el hecho de habernos puesto cara y haber hablado ha generado confianza», dijo. El director general de FACSA precisó que esa proximidad hace unos años estaba muy mal vista, si bien ahora toda la normativa se dirige a apoyar la colaboración, aunque en su opinión «se debe readaptar con sentido común». Toro apuntó que los pliegos de condiciones deberían ser públicos: «la confianza se debe ir trabajando y la Administración tiene que escuchar a todo el mundo». Blanca Martín añadió que es clave que no haya información privilegiada, así como aumentar la transparencia para mejorar los procesos. «La desconfianza existe por culpa de la malas experiencias que hacen mucho daño frente a otros casos que son ejemplos estupendos de colaboración público-privada».
Garrigós argumentó que se debe poner el foco en la ética profesional. «Casos como el del máster suponen un lastre para el sector educativo; debemos trabajar para que en el futuro todos hablemos el mismo lenguaje». Tanto Toro como Mateo coincidieron en que los casos negativos generan desconfianza. La secretaria autonómica Blanca Marín, aseguró que la Administración escucha al ciudadano pero se debe avanzar en cuanto a datos sobre su nivel de satisfacción y equilibrar la relación calidad/precio. «La tendencia es la de favorecer la colaboración en todos los proyectos, desde el origen hasta la gobernanza del mismo», dijo.
Mateo señaló que en su caso la relación con el ciudadano es muy estrecha y que en cualquier acción que realicen tienen muy en cuenta la reacción que produce en la gente. E incidió en que es importante trabajar los canales de comunicación y puso como ejemplo el impacto mediático internacional que ha tenido el día de la paella.
Conclusiones
Para FACSA la colaboración público-privada es estratégica en todos los ámbitos. «Es fundamental ese análisis previo de las necesidades a cubrir y luego hacer una transferencia de objetivos delimitando qué se queda cada una de las partes. También hay que poner sobre la mesa experiencias porque lo sencillo es copiar aquello que ha funcionado si se sabe copiar bien. Esta colaboración es fundamental para poder abordar el futuro».
Garrigós concluyó que se está avanzando pero en el campo de la enseñanza privada queda mucho por hacer. Cristina Alemany insistió en la necesidad de mejorar la comunicación con el ciudadano para que conozca todos los proyectos que hay. Para Pedro Rodríguez las relaciones han mejorado en los últimos años pero ahora el ritmo es tan trepidante que a las administraciones les cuesta estar al nivel. José María Toro dijo no tener esa sensación de que la relación ha mejorado y precisó que hay que diferenciar sectores. «Hay que eliminar prejuicios e ideologías y hacer valoraciones transparentes y profesionales», dijo. Javier Mateo señaló que en el sector de la innovación es más habitual esa colaboración y hay casos de éxito que deben utilizarse como referencia. Por último, Blanca Marín aseguró que la Administración no camina sola puesto que ha aumentado la participación de empresas en los servicios públicos. «Creo que hay que evitar los prejuicios y los dogmatismos, debemos avanzar en el rigor del análisis previo y en el posterior seguimiento, donde debemos también superar temores», concluyó Marín.