«Aspiro y confío en que nunca más el presidente del TSJPV tenga que reconocer que la muerte de una mujer víctima de violencia de género se produjo en un contexto de fracaso de la Justicia con mayúsculas». Con esta reflexión sobre los asesinatos recientes de mujeres que habían denunciado a sus agresores ha terminado Juan Luis Ibarra su intervención en el primer Foro Judicial de Gipuzkoa, organizado por DV, que ha abordado la respuesta y la atención que reciben las víctimas de violencia machista de la Administración y el sistema judicial. El presidente del TSJPV ha abogado por «reformular el modelo» de atención en los juzgados, con un reparto que no siempre logra ofrecer la respuesta más «eficaz». Y ha instado a plasmar en los presupuestos las medidas aprobadas en el Pacto de Estado contra la violencia aprobado en 2017, «un excelente ejercicio de realismo que no tiene correspondencia en los presupuestos», con el fin de implementar en la práctica el ordenamiento jurídico, las medidas de protección o la atención, sobre todo, a los menores para evitar una «revictimización».
Ibarra ha sido uno de los ponentes en este foro que ha inaugurado la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, quien ha desgranado las herramientas de la Administración vasca para atender de forma integral a las víctimas. Y ha insistido en la necesidad de «una sensibilización social constante» y en que los poderes públicos tengan «en su agenda» este problema «de salud pública» -como lo han definido buena parte de los profesionales intervinientes- que este año ha costado la vida a 45 mujeres. La consejera ha asumido que cuando una mujer víctima llega al sistema judicial «ya ha pasado un calvario antes» y reconoce que la reacción debe ser «rápida y contundente», e integral. Y es preciso «empoderar» a las víctimas para que la «esperanza» con la que llegan no se vea frustrada. Esta última conclusión es una de las reflexiones que han basado el debate posterior que ha tenido lugar entre cinco profesionales de diferentes disciplinas involucrados en el proceso psicosocial y jurídico de atención a las víctimas, y en una de ellas, Patricia Fernández, «superviviente» del maltrato que su progenitor ejerció contra su madre y contra ella y su hermano.
La magistrada y vocal del CGPJ, Victoria Cinto; la abogada Idoia Pérez, la presidenta del colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Pilar Lekuona, el jefe comisario de la Ertzaintza en Hernani, Carmelo Martínez y la jefa del Servicio Clínico Médico-Forense en Bizkaia Ana Abasolo han repasado las carencias, los fallos y los retos que tienen los diferentes actores del sistema para ofrecer una atención adecuada a las víctimas. Han abogado por mayor coordinación, por una actitud de «escucha» a la víctima y mayor asesoramiento, por más «sensibilización» y formación para detectar los casos o por la educación a las nuevas generaciones para evitar que se «normalicen» actitudes y comportamientos machistas. El debate ha estado moderado por la subdirectora de DV, Lourdes Pérez.
