El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguró el 9 de ocutbre, en Segovia, el VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla-Santander, que en esta edición dedicó sus sesiones a debatir sobre la importancia de la especialización de jueces y fiscales para que puedan luchar mejor y más eficazmente contra la nueva delincuencia y el crimen organizado.
Rafael Catalá mandó un mensaje claro a Carles Puigdemont, por si no le había llegado el que por la mañana lanzaba la vicepresidenta del Gobierno sobre el artículo 155: si declara hoy la independencia unilateral en Cataluña, el Gobierno aplicará «todos» los medios para hacer que sea «absolutamente inexistente, ineficaz y sin efecto».
Minutos antes de abrir el foro jurídico del periódico, el titular de Justicia expresó su confianza a los periodistas en que el presidente de la Generalitat, finalmente, no opte por realizar hoy la declaración de independencia. Una declaración «absolutamente inconstitucional» y «fuera de la reglas de convivencia», que únicamente serviría «par ahondar en el camino del conflicto, las tensiones y la separación entre españoles y catalanes».
Con el respaldo que supone para el Gobierno la salida del armario de los catalanes no independentistas, el pasado domingo, Catalá explicó que se trabaja para que no se formalice y, de producirse esta declaración, el Estado de derecho y la democracia tienen «todas las herramientas» para abordarlo desde el ámbito político y judicial.
De formalizarse a pesar de todo la desconexión unilateral, indicó el ministro, se entraría en una «grave crisis» constitucional, jurídica y de convivencia entre catalanes, porque la manifestación del domingo en Barcelona «demuestra que hay un porcentaje altísimo» de catalanes que no están a favor de la independencia. Recordó a Puigdemont el juramento que realizó cuando tomó posesión de su cargo de guardar y hacer cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía y le recomendó «no dar pasos hacia el precipicio al que se encamina».
A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones realizadas por el vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, en las que comparaba la situación actual y la de Lluis Companys en 1934, Catalá aclaró que lo que pretendió su compañero de partido fue llamar la atención sobre la necesidad de «aprender del pasado para evitar que se repitan los errores». Argumentó que Companys trató de hacer una declaración de independencia que «no existió», y «nadie debe de cometer el mismo error en la historia de España», incidió Catalá, antes de inaugurar el foro, que patrocina Santander Justicia, Registradores de España y los abogados de Negotia.
Participó en el foro el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, quien reclamó al Ministerio que ponga «los medios necesarios» para que no se atasque el programa informático. Concepción declaró que todos los «desafíos importantes», como la aplicación de las nuevas tecnologías en los órganos judiciales, «son difíciles al principio», por lo que el Ministerio de Justicia debería dotar a los juzgados de «los medios necesarios» para que funcionen aplicaciones como Lexnet.
