La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, subrayó que, pese a que «2017 no ha sido un año especialmente bueno para el campo castellano y leonés», ya que «la climatología juega a veces en contra del trabajo de todos», el ejercicio se cerró con cifras de récord en exportaciones de productos agroalimentarios, en renta agraria y en el valor de la producción final agraria. «Todos debemos animarnos a seguir en esta senda que recorremos juntos, y desear que 2018 sea más benévolo con la agricultura y ganadería de Castilla y León y de España», expuso.

Así lo apuntó instantes antes de participar en el desayuno-coloquio IV Foro Agrario, organizado por ‘El Norte de Castilla’, donde recalcó que España cerró 2017 con más de 50.000 millones de euros de exportación agroalimentaria, mientras que cuando el PP llegó al Gobierno en 2011 esa cifra se situaba en 31.000 millones. En cuanto a la renta agraria, es decir la riqueza y el nivel de vida de los agricultores, apuntó que ha subido un 28 por ciento en el mismo periodo.

Tras «agradecer el trabajo de los trabajadores del sector» y poner de manifiesto que «las políticas impulsadas por el Gobierno están dando su efecto», señaló que «en la cuenca del Duero estamos todavía lejos de alcanzar la situación de normalidad, y por tanto tenemos que seguir haciendo una vigilancia, un seguimiento, una planificación más puntual que nunca, para esperar que estas borrascas que nos están entrando traigan el agua que necesitamos para restaurar nuestros embalses, y que la campaña de regadío se desarrolle con normalidad».

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Elecciones al campo

Cuestionada sobre las elecciones al campo en Castilla y León que se celebrarán este domingo, recordó que este año 2018 España estrena una nueva Política Agraria Común, que conlleva «no menos agricultores, sino menos perceptores de la PAC». «Las medidas adoptadas por el Gobierno, desde la definición de agricultor activo hasta muchas otras que se sumaban a ella, hacen que ahora, que se acaba de abrir el periodo de solicitudes para la PAC, haya un 20 por ciento menos de perceptores, no de agricultores. Esto es que las ayudas vayan dirigidas a los agricultores, a las explotaciones, que tienen actividad, las que crean riqueza en el medio rural», explicó, además de aclarar que «el dinero es el mismo», puesto que «el Gobierno negoció esos más de 47.000 millones de euros», si bien «ahora ese mismo dinero estará concentrado en las manos de los profesionales de la agricultura».

Calidad del aire

Sobre la calidad del aire, señaló que el pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Calidad del AIRE 2017-2019 (Plan Aire II) para «apoyar a las grandes urbes de España, que son las que son competentes, tienen la responsabilidad y por lo tanto, deben actuar». «Nosotros nos sumamos y apoyamos, pero las competencias en materia de calidad del aire pertenecen a los ayuntamientos», detalló antes de recalcar que «España no tiene un problema generalizado de calidad del aire».

«Tenemos cinco infracciones por las cuales acudimos la secretaria de Estado la semana pasada a rendir cuentas a la Comisión Europea, pero dos de ellas son en Avilés por un problema de ubicación de donde se mide la contaminación, y otro en un pueblo de Jaen, en Villanueva del Arzobispo; esas dos situaciones en vías de solución, si bien hay un problema cierto en Madrid y Barcelona, con lo cual es mucha la población afectada», argumentó.

Con el propósito de «ayudar a los ayuntamientos a cumplir con sus obligaciones», el Gobierno acaba de aprobar un plan con 50 medidas, con un importe superior a los 275 millones de euros, algo que se suma al Plan Aire aprobado la pasada legislatura. «Hemos invertido más de 1.200 millones de euros en renovar la flota de vehículos, hacia vehículos menos contaminantes, más de 2.000 millones de euros para la eficiencia de los edificios, por tanto desde el Gobierno estamos ayudando a los ayuntamientos, pero también les pedimos que den respuesta a la responsabilidad que tienen sobre la salud de las personas», expuso.

Nuevos embalses

García Tejerina también se pronunció sobre la petición de Castilla y León, que reclama nuevas infraestructuras para aumentar la capacidad de embalsamiento del agua. Así, afirmó que en la pasada legislatura, el Ejecutivo central aprobó «todos los planes de cuenca de los distintos ríos españoles», entre ellos, y en dos fases, el plan hidrólogico de cuenca del Duero. «En este plan, el Gobierno ya contemplaba aumentar la regulación fundamentalmente donde más falta hace, que es en el Carrión y en el Órbigo. Ahora precisamos una evaluación ambiental favorable de la Junta de Castilla y León. Estamos trabajando para perfilarlo. Este informe nos permitirá seguir avanzando, pero hay voluntad del Gobierno, desde la legislatura pasada, de incrementar la capacidad de regulación en Castilla y León», defendió.

«Los proyectos están definidos, y ahora los estamos adaptando a las exigencias medioambientales,para dar respuesta a las necesidades de Castilla y León tan pronto como sea posible. Son muchas las inversiones en materia de agua en Castilla y León, desde la depuración, calidad de nuestras aguas, embalses que estaban parados por gobiernos anteriores y que hemos vuelto a revitalizar y a acelerar, ampliaciones importantes de regadíos en Salamanca y en León, modernización de regadíos… En definitiva, hay que llegar a un acuerdo, ponerse metas de futuro, pero no hemos dejado de trabajar en materia de agua desde que llegamos al Gobierno», remachó.